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Fotomultas son inconstitucionales

Por marzo 7, 2017 Sin comentarios

Un juez federal declaró inconstitucional el cobro de fotomultas establecidas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por considerarlas violatorias de la garantía de audiencia.

Fuentes del Poder Judicial de la Federación indicaron que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, Fernando Silva García, ha resuelto en este mismo sentido al menos cuatro amparos.

La sentencia aún no es firme, puesto que el gobierno de la CDMX impugnó la resolución del juez Silva, misma que revisará un Tribunal Colegiado que bien puede declinar su competencia para que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o las mismas autoridades capitalinas pueden solicitar que el máximo tribunal atraiga el asunto. “[El programa de las fotomultas] no está en riesgo hasta que no haya una definitividad y todavía tenemos la oportunidad de ir a la Corte, dependerá de la resolución del colegiado”, indicó en entrevista el Consejero Jurídico del Gobierno de la CDMX, Manuel Granados.

“Lo que se declara inconstitucional es que la fotomulta viola la garantía de audiencia, entonces como autoridad sólo debo darle la garantía de audiencia y no pone en riesgo el programa, si impugnan la multa lo único que se puede hacer es llamarle al ciudadano para que reconozca si es su coche el que iba a exceso de velocidad y ya”.

La sentencia del juez Silva estableció que un video o una foto no deben generar, automáticamente, una sanción administrativa o penal.

“Una foto es solamente un indicio que podría servir para iniciar un procedimiento en forma de juicio con la participación del infractor, a fin de determinar si se debe o no imponer la sanción”, consideró el juzgador. Reconoció que la finalidad de las fotomultas establecidas en el reglamento es legítima y loable, porque buscan proteger la seguridad vial y la integridad de las personas. Afirmó que esto es insuficiente para justificar la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“La videovigilancia puede coadyuvar a la seguridad pública, ello no conduce a determinar que deba sustituir a la actividad de la policía y menos aún ubicarse como un atajo que soslaye el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas”, afirmó. Al respecto, el especialista en Derecho constitucional, Roberto Duque, explicó que el criterio abre la puerta a que otros ciudadanos promuevan amparos.

Si procede la decisión del juez, podría tomarse la medida en otros municipios como Saltillo.