Nacional

Pide ONU precisar el delito de tortura

Por diciembre 23, 2016 Sin comentarios

Combatir la impunidad es una de las medidas preventivas más eficaces contra la tortura, señalaron ayer expertos de la ONU, quienes llamaron a mejorar la definición legal de ese delito.

Al concluir su visita oficial de 10 días en México, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de ese organismo internacional consideró importante que se apruebe pronto la Ley General para Prevenir la Tortura, que en la actualidad se debate en la Cámara de Diputados.

“Ocho años después de nuestra primera visita a México, las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”, señaló Felipe Villavicencio, jefe de la delegación del SPT.

Los especialistas visitaron 32 centros de detención, incluyendo cárceles, estaciones migratorias y centros psiquiátricos, y sostuvieron reuniones con autoridades de los tres Poderes de la Unión, así como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y con representantes de organizaciones sociales.

Según los datos que pudieron recabar, a nivel federal hay más de 4 mil 700 investigaciones abiertas por hechos relativos a tortura. “Sin embargo, el número de sentencias a perpetradores es desproporcionadamente bajo”, señaló el SPT, sin aportar más cifras.

En estados como Baja California, la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, los cuatro integrantes de la misión de la ONU sostuvieron entrevistas individuales y colectivas, confidenciales, con personas privadas de la libertad.

“Esto le permitió al SPT identificar sólidos hallazgos sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos al momento de la detención, traslado y permanencia en los lugares donde las personas están privadas de su libertad”, explicó el subcomité, el cual entregó sus observaciones preliminares a las autoridades mexicanas.

El informe final, que incluirá recomendaciones para la prevención de la tortura, será entregado por el SPT de manera confidencial, y las instancias mexicanas responsables decidirán si se hace público o no.